La Contraloría General presentó los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República correspondiente al año 2018, emitiendo por sexto año consecutivo un dictamen “con opinión calificada o con salvedades” para el caso de los Estados Financieros y los Estados Presupuestarios integrados en la Cuenta General de la República, debido a errores y/o limitaciones que se identificaron en algunas cuentas de entidades públicas de los cinco niveles de gobierno y empresas del Estado. Asimismo, informó que se auditaron los Estados de la Deuda y de Tesorería, los mismos que tuvieron una opinión sin salvedades.
Así lo manifestó el contralor general Nelson Shack Yalta durante la presentación del Informe de Auditoría a la Cuenta General de la República, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso, de acuerdo al mandato establecido en el artículo 22° de la Constitución Política.
Los Estados Financieros están referidos a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en aspectos tales como obras de infraestructura, regularización de pensiones, incremento de la deuda pública, gastos en planillas, inversiones, etc, mientras que los Estados Presupuestarios se refieren a la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.
El Informe de Auditoría Financiera N° 1773-2019-CG/ECO toma en cuenta los resultados obtenidos en la recopilación de información proporcionada por 2,472 entidades integradas en el 2018. Del total, el 11% de entidades (262) corresponden al Gobierno Nacional, el 1% (32) a Gobiernos Regionales, el 82% (2,048) a Gobiernos Locales, el 6% (157) a empresas del Estado y otras cinco formas organizativas que administren recursos públicos.
En el caso de los Estados Financieros, no se ha obtenido evidencia suficiente y apropiada de diversas cuentas del activo de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, por limitaciones relacionadas con la falta de soporte documentario en activos fijos, proceso de revaluación de activos fijos, diferencias de conciliación no aclaradas y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal.
Mientras que algunos activos fijos registrados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se encuentran sobreestimados principalmente por haber transferido dichos activos a las entidades beneficiarias o por aquellos activos en estado de inoperatividad.
Otro hallazgo es que diversas cuentas del activo se encuentran subestimadas al no haberse registrado los activos concesionados y otras operaciones en los estados financieros.
Asimismo, los Estados de Situación Financiera y Estado de Gestión Consolidados presentan saldos por cuentas recíprocas no eliminadas en el proceso de consolidación, debido a la falta de sinceramiento de las cuentas entre entidades vinculadas.
Recomendaciones
El informe recomienda al Ministro de Economía y Finanzas para que disponga que el Viceministro de Hacienda promueva una reunión de trabajo entre la Dirección General de Contabilidad Pública y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), a fin de establecer la información presupuestaria que se requiere de las empresas del Estado para la presentación integral de las partidas de ingresos y gastos, en el proceso de integración a la Cuenta General de la República, adecuando la normativa vigente.
Otra recomendación es disponer que la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, responsable de la formulación y elaboración de la Cuenta General, regule a través de los mecanismos que correspondan, la uniformización de criterios para el registro y reconocimiento de los fideicomisos que constituye el Estado a través
de sus entidades y empresas, así como, el registro de los ingresos y gastos que el Estado realice al operar este instrumento financiero.
Además se sugiere disponer que el FONAFE regule, a través de los mecanismos que correspondan, los criterios para el registro y reconocimiento de los Saldos de Balance de las empresas públicas bajo su ámbito, con la finalidad de revelarlos correctamente en la Cuenta General de la República.
Propuestas legislativas
En el marco de su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el Contralor Shack Yalta hizo mención a las propuestas legislativas que han sido presentadas por la Entidad Fiscalizadora Superior, que están relacionadas a: (i) Proyecto de Ley N° 3574 que entre sus principales disposiciones amplía el modelo de control concurrente a nivel nacional, (ii) Proyecto de Ley N° 4267 que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, encontrándose entre ellas la conducta relacionada a los funcionarios que obstruyen el acceso a la información para la elaboración del informe relacionado con Cuenta General de la República, y, iii) Proyecto de Ley N° 3995 que garantiza la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas, que busca promover la reactivación de obras y proyectos con un avance físico superior al 80% en los sectores de salud, educación, saneamiento, riego, agricultura, transportes y para la prevención de desastres. En esa línea, solicitó a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, tengan a bien considerar las propuestas señaladas para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso.
Asimismo, recomendó a la Comisión la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y el Código Tributario, con la finalidad de que la CGR pueda acceder a información relacionada con la reserva tributaria en los servicios de control que realice, incluyendo el de la auditoría a la Cuenta General de la República.
DATO:
- En el marco de la presentación del Informe de Auditoria a la Cuenta General de la República 2018, se dio a conocer que 32 entidades públicas fueron registradas como omisas a la presentación de información, lo que significó una reducción respecto a las 39 reportadas en el 2017.
- Entre las omisas registradas en el 2018 figuran ocho Sociedades de Beneficencia Pública, un gobierno local, tres mancomunidades municipales y 20 empresas públicas (tres operativas, 12 no operativas y cinco en liquidación)
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