* Gobierno no puede supeditar sus políticas de desarrollo a una observación del Departamento de Trabajo de EE.UU.
Es difícil entender que sea el propio Ejecutivo que dé marcha atrás en la iniciativa de ampliar la Ley 27360 (promoción agraria), sobre la cual estuvo convencido hasta hace unos días. De ser cierto, lamentamos el retroceso y nos quedamos con la preocupación latente si estas marchas y contramarchas puedan constituirse en una característica del gabinete, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.
“El Ejecutivo, en prácticamente todas sus instancias, estuvo de acuerdo en que este mecanismo es el factor determinante del crecimiento exportador y de la transformación económica que experimentó la costa peruana. Es en virtud del éxito reconocido como el más destacable en Latinoamérica, que el gabinete Villanueva incluyó el proyecto en la solicitud de facultades legislativas”, dijo.
Varilias puntualizó que las observaciones del Departamento de Trabajo de EE.UU. solo pueden estar referidas al debido cumplimiento de las normas laborales y que ninguna instancia gubernamental de cualquier país con el que tenemos un acuerdo de libre comercio puede decirle a nuestro gobierno cómo deben ser sus leyes y políticas, salvo que les causen un daño grave.
Recordó que la Ley 27360 data del año 2000 y era de pleno conocimiento de los negociadores de todos nuestros socios comerciales, quienes nunca la observaron ni pidieron modificación alguna. “El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el MEF y Cancillería pueden dar fe de ello”, comentó.
¿Se repetirá la historia de la minería?
Varilias recomendó no pensar que ‘todavía hay tiempo para ampliar la ley pues tiene vigencia hasta el 2021’, enfatizó que se debe considerar que si un peruano toma la decisión de invertir, demorará entre 7 y 10 años empezar con la comercialización del producto. A ello se suman al menos 4 años para consolidarlo en el mercado internacional.
“Por lo tanto, hoy, nadie tomará la decisión de invertir si no tiene la certeza sobre el marco jurídico que habrá en los próximos 15 años. No ampliar la vigencia de la ley ahora, abre la posibilidad que se repita la historia de la minería: las inversiones se detendrán por 3 años y se perderá ritmo de crecimiento, aún más del que se ha perdido hasta el momento. Esta decisión compromete el futuro del segundo motor de crecimiento peruano”, opinó.
Tampoco se puede dar la espalda a la problemática agrícola que solo se puede resolver impulsando la formación de empresas. De la última encuesta ENAHO, se desprende que el 97% de los trabajadores del agro son informales y que la informalidad en las unidades productivas es el 99%. La informalidad en el agro significa atraso tecnológico, baja productividad y pobreza.
La encuesta revela también que un trabajador agrícola formal percibe S/. 1,256 en tanto que el informal gana S/. 583. “Los salarios de subsistencia no los puede cambiar una ley, solo lo puede cambiar la inversión que genera empleos”, apuntó.
Expreso que el impacto de la 27360 en la formalización, desarrollo y generación de empleo son indiscutibles, refirió que entre los años 2000 y 2017, los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos del sector agroindustrial pasaron de 364 mil 081 a 1 millón 495 mil 289, lo que significó un incremento de 311%.
Si bien comentó que pese a lo avanzado, el agro moderno exportador, solo representa el 10% de los 4.2 millones de hectáreas cultivables del Perú y emplea un porcentaje similar de trabajadores agrícolas, lo cierto es que se debe mantener el marco jurídico vigente para mejorar esos números. “La oportunidad y la responsabilidad para el gobierno del Presidente Vizcarra son grandes, esperamos que haya una reflexión profunda”, concluyó.
ADEX recordó que hace unos días el gobierno retiró del paquete que iba a presentar al Legislativo, la propuesta para extender ese marco jurídico por 21 años más, pero, luego se conoció que en una reunión entre ministros, se evaluó su reincorporación. ADEX, junto a AGAP, CCL, Comex, Confiep y la SNI enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, para pedirle una cita a fin de tratar el tema.
A tomar en cuenta
En 1999 la agroexportaciones sumaron US$ 406 millones, para el 2007 el monto se incrementó a US$ 1,828 millones y en el 2017 ya sumaban US$ 5,117 millones.
Regiones como Ica, la Libertad, Lambayeque y Piura son las que resaltan por sus agroexportaciones y empleo.
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