Álvarez Peña destacó que la falta de supervisión se evidenció tanto en el momento de la compra como en la distribución de los alimentos, lo que genera preocupación en la comunidad. La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades municipales a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el bienestar de los ciudadanos.
La situación ha suscitado un llamado a la acción para que se implementen protocolos de control más rigurosos en la adquisición y entrega de alimentos, asegurando así que los comedores populares cumplan con los estándares de calidad necesarios para servir a la población. La comunidad espera respuestas y soluciones efectivas por parte de la municipalidad para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro.
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