CONTRALORÍA: PRESENCIA DE PROFESIONALES INHABILITADOS EN OBRA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Proyecto de S/ 15 millones está a cargo de empresa estatal minera

La Contraloría General alertó a los funcionarios de Activos Mineros S.A.C. la contratación de personal clave que se encuentra inhabilitado por su respectivo colegio profesional en la obra de recuperación de los servicios ecosistémicos de la microcuenca de la laguna de Quispancocha, en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, cuyo costo total asciende a S/ 15 152 337.

El proyecto consiste en la remediación de los pasivos ambientales mineros generados por la ex unidad minera Caudalosa 1, a fin de que el entorno recupere sus condiciones de calidad acorde con las condiciones ambientales del área de influencia, mitigando los impactos negativos y mejorando el medio ambiente.

El Informe de Hito de Control N°18185-2024-CG/GRPA-SCC, que comprende el periodo 25 de junio al 1 de julio de 2024, evidenció que la obra se viene ejecutando con el servicio del especialista en gestión de proyectos, asistente de supervisión, residente de obra e ingeniero geólogo, quienes se encuentran inhabilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú, lo cual genera el riesgo de afectar la validez y legalidad de los documentos que suscriben.

Asimismo, durante la visita física a la obra se constató la ausencia del ingeniero residente en obra, lo cual podría afectar la dirección técnica del proyecto y la calidad de los trabajos ejecutados. Además, se verificó que la obra tiene un retraso injustificado de 0.46%, situación que pone en riesgo el cumplimiento del plazo de ejecución

La comisión de control también evidenció la existencia de materiales y herramientas almacenados sin considerar las condiciones que garanticen la seguridad y salud en el trabajo. También se advirtió la falta de equipos de protección personal como respirador descartable para el personal de la obra, lo que pone en riesgo la salud, seguridad e integridad de los trabajadores.

Otro hecho observado fue la falta de señalización ante la presencia de chimeneas, trincheras y bocaminas, lo que podría ocasionar accidentes del personal o transeúntes. Así también, se verificó la falta de disponibilidad de la totalidad de terreno para la ejecución del proyecto, situación que generaría conflictos sociales, paralizaciones o suspensión de la obra.

Finalmente, se advirtió que la entidad no mantiene actualizado el estado del avance de la obra en el sistema de Infobras, lo que afectaría la transparencia de la gestión, el adecuado ejercicio de control social, la supervisión y el seguimiento de las obras públicas