Quince funcionarios y/o servidores tendrían responsabilidad penal y administrativa
La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en quince funcionarios y/o servidores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) por irregularidades cometidas en la designación y aceptación de cargos de confianza.
Según el Informe de Control Específico N°048-2023-2-0227-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 24 de noviembre de 2022 al 30 de setiembre del 2023, funcionarios de la universidad encargaron a profesionales en cargos de confianza (jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones y director de la Oficina de Asesoría Jurídica) al margen de lo establecido en el cuadro de asignación personal.
Además, el equipo de control verificó que la entidad destinó montos superiores a lo establecido en la escala remunerativa del Decreto Legislativo N° 276 para la retribución económica mensual de los profesionales que fue entre S/ 6000 y S/ 7000, lo cual ocasionó un perjuicio a la entidad por más de S/ 63 mil. A ello se suma que los profesionales propuestos para los cargos no cumplían con los requisitos requeridos en la normativa vigente. Pese a ello, aceptaron las designaciones.
Por otro lado, el Informe de Control Específico N°047-2023-2-0227-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 18 de julio del 2022 al 4 de mayo del 2023, reveló que funcionarios de la entidad efectuaron encargatura en los cargos de Director General de Administración, Jefe de la Sub Unidad de Gestión de Empleo y Sub Director de Control y Movimiento de Recursos Humanos, a pesar de que los profesionales designados no cumplieron con el perfil para el cargo.
Ambos informes revelaron que los hechos se originaron por la actuación de los funcionarios y servidores de la entidad quienes inobservaron la normativa vigente y sus propias funciones, lo que conllevó a la afectación de la idoneidad, legalidad en el acceso y el ejercicio de la función pública.
Los resultados del Informe de Control Específico fueron notificados al Órgano Instructor de la Contraloría para el deslinde de responsabilidades administrativas de los funcionarios y/o servidores comprendidos en el informe. También se recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción dar inicio a las acciones penales contra las personas involucradas en los hechos advertidos en el informe.