Este logro es posible gracias al trabajo de fiscalización realizado por las Municipalidades Distritales de Huánuco, que hacen cumplir la Ley, que entró en vigor desde el 21 de diciembre del año pasado.
El contrabando es la principal fuente de ingreso de tecnopor al país, a pesar de que los precios de los productos sustitutos han alcanzado a ser los mismos que los de este material.
Urge un trabajo articulado entre la Policía Fiscal, el Ministerio Público, las Municipalidades, el Ministerio del Ambiente, OEFA, los comercios y ciudadanía en general para hacer cumplir la ley, y así erradicar el tecnopor.
Han pasado casi cuatro años desde que la Ley 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, fue aprobada y cerca de un año desde que entraron en vigencia los últimos plazos establecidos, que incluía la prohibición de envases de tecnopor. No obstante, el incumplimiento de la norma es más que evidente en todo el país. A pesar de ello, existen casos excepcionales, como el de la ciudad de Huánuco, donde se observa el respeto por la norma y por el cuidado del ambiente, logrando erradicar el uso tecnopor. Así lo dio a conocer la Asociación Peruana de la Industria del Plástico (APIPLAST).
“Al Perú ingresan, por medio del contrabando, alrededor de 80 millones de envases de tecnopor mensualmente. La mayoría de estos productos provienen de países fronterizos, principalmente de Ecuador y Bolivia, y se distribuyen para ser comercializados en los diferentes departamentos del país, siendo las marcas más comunes Plastiutil, Alegría y Ecoutil. Esta situación perjudica de manera significativa al sector, ya que la mayoría de empresas locales han transformado sus plantas y procesos para cumplir con la Ley, mientras que este material sigue en circulación, convirtiéndose en una competencia desleal dentro del mercado nacional”, indicó Juan Matsusita, presidente de APIPLAST.
La ciudad de Huánuco ha erradicado el uso y venta de tecnopor en su totalidad, posicionándose como un caso ejemplar en el país. Esto fue posible gracias a las acciones de educación y al control de las autoridades municipales, quienes juegan un rol clave para el cumplimiento de la Ley mediante los operativos realizados en mercados y restaurantes de la zona. Cabe resaltar que, según el reglamento de la Ley, las municipalidades son las entidades responsables de fiscalizar su cumplimiento en los establecimientos comerciales, ya sea que venden productos de Tecnopor o que los utilizan para entregar alimentos.
“El control por parte de las municipalidades es vital para que los ciudadanos respeten la Ley. Las autoridades deben trabajar en conjunto, realizar operativos y sancionar a los responsables para que el tecnopor desaparezca realmente del país. Para esto, también es necesario que la población esté informada y conozca la Ley, y así dejen de comprar estos productos, ya que de lo contrario estarían siendo cómplices y cometiendo un delito por lo cual podrían ser multados”, señaló Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias.