Primera cita congregó a expertos y en los próximos días se sostendrán reuniones con ministerios y gobiernos regionales.
Propuesta busca dar solución a alarmantes cifras de accidentes de tránsito.
La Defensoría del Pueblo dio inicio a una serie de reuniones con representantes de diferentes instituciones, que tendrán como objetivo recoger sus opiniones y aportes respecto a la propuesta planteada desde la institución sobre la creación de un organismo público que lidere el trabajo que se debe realizar en materia de seguridad vial en el país.
“Esta situación podría ser revertida si es que el Estado decide enfrentar su responsabilidad en mejorar las condiciones para una circulación segura, para cuyo éxito se requiere la participación de diversos sectores y niveles de gobierno”, resaltó la representante de la Defensoría del Pueblo al señalar que, para que ello suceda, es necesario que una entidad técnica tenga el suficiente nivel jerárquico para que pueda implementar una política general de seguridad vial en el país.
En esta primera reunión, la propuesta contó con el apoyo de las instituciones que asistieron, las mismas que coincidieron en la necesidad de contar con una entidad que asuma el liderazgo de la seguridad vial en el país. Así lo informó Montoya, quien dio a conocer que la cita contó con la participación de representantes del Centro de Investigación Desarrollo y Asesoría del Transporte Terrestre (Cidatt), de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), de la asociación Cruzada Vial, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), así como de la ONG Luz Ámbar.
La representante de la Defensoría del Pueblo precisó también que no basta con mantener las pistas en buen estado, sino además es necesario que se incorporen medidas de seguridad vial reales como la implementación de guardavías en zonas de abismos y controles de velocidad. “Tampoco es suficiente contar con normas para la emisión de licencias de conducir, pues también se debe mejorar sustancialmente el sistema de evaluación para garantizar que las y los futuros conductores sean capaces de respetar a las y los demás usuarios de las vías”, subrayó.
Cabe precisar que las reuniones que sostendrá la Defensoría del Pueblo se desarrollarán hasta el próximo 2 de diciembre. Entre las instituciones a las que se planteará la propuesta destacan el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otras entidades.
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