Confederación de Empresas Comunales advierte que decreto supremo afecta crecimiento del sector y no descarta escala de nuevos conflictos sociales en el país.
La nueva norma de tercerización laboral afectará a más de 15 mil pobladores que trabajan de manera directa e indirecta en empresas creadas en comunidades de nuestro país; así lo advirtió Jhoel Rivera, presidente de la Confederación de Empresas Comunales del Perú.
Y es que el principal cambio que establece el decreto supremo de la tercerización laboral es que una empresa no pueda contratar a un tercero para que realice actividades propias del núcleo de su negocio, lo cual trae como consecuencia que las empresas dejen de contratar a la empresa de tercerización de servicios, según explican abogados laboralistas.
En nuestro país, existen alrededor de 200 empresas comunales que brindan servicios de mantenimiento, pilas de lixiviación, botaderos, entre otros, en el sector minero. La conformación de estas ha logrado la migración inversa al generar fuentes de empleo; además buscan tener valor compartido en las zonas de influencia minera.
“En nuestro país no hay ley de comunidades ni ley de empresas comunales; además estamos exoneradas de recibir los impuestos a la renta que generan las actividades económicas. La mayoría de comunidades brindó respaldo con su voto al actual Presidente, esperemos no nos dé la espalda”, sostuvo Jhoel Rivera.
Indicó que las empresas comunales se han creado en zonas donde hay influencia minera. Las inversiones han permitido su crecimiento, y hoy buscan mayor acompañamiento y soporte de las empresas mineras.
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