Durante los cuatro días en los que se realizó la labor de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General de la República supervisó el estado de los procesos de adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres en 254 municipalidades a nivel nacional a favor de las poblaciones vulnerables que son afectadas por el aislamiento social decretado a raíz de la presencia del coronavirus (COVID-19).
Del total de municipalidades intervenidas, 48 corresponden a jurisdicciones provinciales, mientras que 206 son distritos de todas las regiones del Perú, las cuales fueron visitadas por más de 400 auditores que portaban sus respectivos equipos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).
En la región Pasco, los auditores de la Gerencia Regional de Control Pasco visitaron a la Municipalidad Provincial de Pasco y Municipalidades Distritales de Yanacancha, Ninacaca y Simón Bolívar.
Al interior del país, la mayor cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (36), Puno (19), Arequipa (16), Lambayeque (15), Ica (13), Cusco (10), Ancash (10), Amazonas (10),Lima Provincias (7), Apurímac (7), Moquegua (6), Junín (6), Tacna (5), Ucayali (5), Huancavelica (5), Ayacucho (5), Huánuco (5), Tumbes (4), Piura (4), La Libertad (4), Loreto (4), Pasco (4), Madre de Dios (2) y Cajamarca (2).
La labor de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan.
Cabe señalar que durante la próxima semana y las siguientes, los equipos de auditores de la Contraloría continuarán supervisando las municipalidades en diversas ciudades del país.
Hechos detectados
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.
Los hechos detectados están asociados principalmente a la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 85 municipalidades que representan el 35% del total de entidades ediles supervisadas. En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.
La supervisión de la Contraloría también permitió detectar que 22 municipalidades (9% del total) registraron deficiencias en la distribución de canastas, tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, entre otros.
También se detectaron que 14 municipalidades (6% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.
En menor medida pero no menos importante son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos y productos que no garantizan inocuidad y ausencia de funcionarios responsables al momento de la visita, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.
Mientras que el 50% (125) de municipios se encontraban, al momento de la visita de los auditores, en la fase de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, siguiendo lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 033-2020.
La labor de los auditores, entre otros aspectos, también consistió en recordar a las autoridades ediles y funcionarios a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas el cumplimiento de los lineamientos establecidos Contraloría, los cuales son de conocimiento público.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias. Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.
Asimismo, los auditores de la Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron con este requisito establecido.
Dicha plataforma permite que las municipalidades registren en línea el proceso de contratación, la ejecución del contrato y la entrega de las Canastas Básicas Familiares para poblaciones vulnerables, contribuyendo a que dicha acción se conduzca de manera eficiente y se garantice y oportuno uso de fondos públicos.
DATO:
• Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en los datos del rubro ‘Recursos Covid-19’ hasta el 8 de abril del 2020, figura que los gobiernos regionales habían ejecutado solo el 10.8% del Presupuesto Institucional Modificado que les corresponde y que asciende a S/ 155’342.183.
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