La Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 56 funcionarios y servidores públicos en el ámbito de la región Pasco, por haber cometido faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, quienes están impedidos de trabajar en el Estado. Las sanciones se registraron en el periodo enero a noviembre de 2018.
De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron sancionados con una suspensión de 180 días y en otros casos inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
Todos los profesionales a los que la Contraloría ha resuelto inhabilitar actuaron en contra de los intereses de instituciones como el Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, Municipalidad Distrital de Paucartambo, Municipalidad Distrital de Yanacancha, Dirección Regional de Salud, Red de Salud Oxapampa, Unidad Ejecutora Pasco Selva Central y Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.
Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (317), Cusco (135), Cajamarca (126), Lambayeque (92), Tumbes (88) y Puno (88). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados por inconducta funcional son: Callao (7), Madre de Dios (9), Moquegua (10), Ica (11) y Áncash (21).
Vacancia de gobernadores y alcaldes
Para efectivizar las sanciones administrativas y salvaguardar los recursos públicos, la Contraloría General ha presentado una iniciativa legislativa que incorpora como causales de vacancia de autoridades regionales y locales, la imposición de una sanción firme por parte la Entidad Fiscalizadora Superior.
Según dicho proyecto de ley, la vacancia procederá cuando el plazo de la sanción administrativa impuesta a la autoridad regional o local sea igual o mayor al período que le resta de su mandato; mientras que la suspensión procederá si la sanción es menor al período en referencia.
La iniciativa se aplicará para el cargo de gobernador, vicegobernador y consejero regional; así como alcalde o regidor.
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